Adif bloquea la adjudicación a Sacyr de unas obras de más de 600 millones de euros en Cataluña

Adif mantiene bloqueada desde hace semanas la adjudicación de uno de los proyectos constructivos de mayor importe licitados en España en los últimos años en materia de infraestructuras ferroviarias. Se trata del soterramiento de la línea R2 de Cercanías de Barcelona a su paso por Moncada y Reixach, y la construcción de una nueva estación en este enclave. En total, una inversión que se situará entre los 505 y los 540 millones de euros (IVA incluido), según la oferta por la que finalmente se incline el ente del Ministerio de Fomento encargado de la construcción, mantenimiento, gestión y administración de la red ferroviaria estatal. La UTE liderada por Sacyr es la que cosecha mejor puntuación, pero un enrevesado pulso interno en el que interviene la presión de Ferrovial desde otra UTE ha llevado a Adif a frenar la licitación, coincidiendo con el órdago lanzado por esta constructora al marcharse de España y fijar su sede en los Países Bajos, en cuyo mercado bursátil ha empezado a cotizar este junio.

Esta obra ferroviaria es una reivindicación social histórica en la comarca del Vallés Occidental, por la larga lista de accidentes mortales que acumula el tramo de vías todavía a pie de calle: 176 muertes hasta la fecha. Su soterramiento tiene, por tanto, un interés público de primer orden. Tras años de espera, el proyecto encontró financiación al calor de los fondos extraordinarios movilizados para remontar la crisis socioeconómica del Covid, este es, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El 17 de noviembre del año pasado, un informe de la asesoría jurídica dio luz verde a la tramitación de este expediente. Unos días después, el 29 de noviembre, el consejo de administración de Adif aprobaba que se empezara a tramitar la licitación. El presupuesto base para las obras se fijó en 513,3 millones de euros, sin IVA, al que hay que añadir 3,68 millones adicionales en concepto de suministros de material ligados a esa nueva infraestructura. En total, incluyendo el IVA, 621,1 millones de euros.

Cuatro uniones temporales de empresas (UTE) se presentaron a la licitación y las cuatro han sido aceptadas. Todas reúnen los requisitos mínimos establecidos, al menos con los informes emitidos hasta ahora por los responsables de tramitar el expediente.

Las UTE que compiten

Se trata del consorcio formado por Sacyr Construcción S.A., Obrascón Huarte Laín S.A. y construcciones Ribau S.A.; el integrado por Ferrovial Construcción S.A., Comsa y FCC Construcción S.A.; un tercero conformado por Dragados S.A., Copcisa S.A., Tecsa Empresa Constructora S.A., ACSA Obras e Infraestructuras S.A. y Constructora San José S.A.; y el trabado entre Vías y Construcciones S.A., Copisa Constructora Pirenaica S.A., AZVI S.A. y la mercantil Ingeniería y Servicios Ferroviarios.

Los pliegos de la licitación establecieron, nítidamente, cómo se debían a valorar las distintas ofertas: en la nota final, los criterios técnicos calculados mediante juicio de valor pesarían un 49%; y un 51% los cuantificables mediante fórmula matemática con la que puntuar, sin juicio de valor alguno, las ofertas económicas de cada UTE.

Las proposiciones se abrieron en los diez primeros días de marzo. Y los propios pliegos de licitación fijados por Adif establecían que la adjudicación debía quedar resuelta en el plazo máximo de dos meses a contar desde ese momento. Pero el plazo se ha superado de lejos y, a estas alturas, sigue sin fecha cierta. ¿Por qué? Por varios motivos, según han explicado a OKDIARIO diversas fuentes implicadas directamente en este proceso de licitación. Adif ha hecho uso de su capacidad para estirar el trámite más allá de lo indicado por él mismo en el calendario inicial.

Puntuación, pulsos y presiones

En términos estrictamente de oferta económica y de puntuación técnica, la mejor nota global la ofrece la UTE participada por Sacyr. Y es que, aunque en la valoración técnica la UTE de Ferrovial es la mejor puntuada (47,98), la del consorcio integrado por Sacyr se le queda tremendamente cerca, 47,64. Sin embargo, en coste la diferencia es enorme: la de Sacyr es 28,27 millones de euros más barata que la de Ferrovial, y eso sin contar impuestos –si se incluye el IVA, la distancia todavía es más amplia–. A esta abismal diferencia se suma que las condiciones de adjudicación de esta obra otorgan un mayor peso, recordemos, al precio; por tanto, allí donde Sacyr se coloca por delante de sus competidores.

Entonces, ¿por qué no se ha resuelto aún a favor de la UTE de Sacyr? Las fuentes consultadas indican que una gran parte del problema de tramitación ha venido forzado por el elevado presupuesto que ofertó Ferrovial. «Quizás sabiendo que tenía ventaja en la puntuación técnica, optó por tirar el precio al alza para forzar a su favor y, como así ha sido, que las ofertas económicas del resto de licitadores incurrieran en baja temeraria», indica una de las fuentes consultadas.

Se considera que incurren en baja temeraria las ofertas económicas anormalmente reducidas una vez computada la de mayor importe y las restantes. «El problema es que, en la práctica, siendo realistas, en este caso más que una baja temeraria se podría decir que lo que ha habido ha sido una artificial alza temeraria por parte de Ferrovial, cuyo presupuesto es el que se dispara, mientras que el de las otras tres UTE se mueve en cifras más similares y razonables», subrayan.

Consultado un externo

El caso es que, aun con todo, Adif abrió un plazo de alegaciones –como marca la normativa–, las UTE se explicaron y se dieron por aceptadas sus ofertas. Es decir, se entendió que habían quedado razonados los importes ofertados y que, a todos los efectos, eran válidos.

El consorcio de Sacyr, por tanto, seguía quedando como el más ventajoso en la combinación calidad-precio, que es el criterio establecido por los pliegos de licitación. Pero ni por esas resolvió Adif, que ha optado por pedir un informe a una consultora externa y demorar más la decisión final. La elegida para opinar ha sido Geocontrol, firma que además se ha perfilado como adjudicataria de Adif para el contrato de asistencia técnica y supervisión en la ejecución de esas obras. Geocontrol deberá decir ahora si considera viables las ofertas de las cuatro UTE o si, pese a ser notoriamente más cara, prefiere a Ferrovial.

El consorcio de Sacyr está en alerta y teme que, al final, pueda haber presiones ajenas a los criterios de estricta valoración calidad-precio. De telón de fondo figura el pulso entablado por Ferrovial tras decidir trasladar a Holanda su sede social: una maniobra que podría actuar en esta licitación como una presión extra para los adjudicadores del Gobierno, porque –indican otras fuentes– «pese a que no es la mejor oferta en términos de calidad-precio, si Adif no se la adjudica, se podría esgrimir que es una represalia hacia Ferrovial por su sonada marcha de España; y, si se le adjudica, se podría abrir una polémica que acabara en contencioso, porque toda lógica indica que la UTE de Sacyr está esperando que se le adjudique esa multimillonaria obra, al reunir la mejor condición global de calidad y precio».

La incógnita, mientras tanto, sigue abierta. El pulso interno, vivo. Y la polémica por el bloqueo de la adjudicación, también, a tenor de cómo se vienen desarrollando los acontecimientos en una obra que debería empezar a ejecutarse este mismo año y estar terminada en siete anualidades, en 2029. Por cierto, el grueso de la inversión está programada para ser realizada entre los años 2026 y 2029, es decir, a caballo entre dos legislaturas y, quizás, dos gobiernos distintos: el que salga de las elecciones del próximo 23 de julio y el que llegue después, en la siguiente legislatura.